La crisis de seguridad que enfrentamos en Chile, la cual sigue cobrando la vida de policías y civiles, nos obliga a considerar medidas audaces para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, es crucial dejar de lado la discusión estéril sobre qué gobierno apoya más a Carabineros o a la PDI, y abrirnos a debates fundamentales que reconozcan las fallas existentes.
Una de las preguntas esenciales es si las policías, especialmente sus mandos directivos, deben encargarse de actualizarse sobre los nuevos fenómenos delictivos y adaptar su fuerza de trabajo a esos objetivos, o si deben esperar a que el gobierno de turno les brinde las directrices de modernización o ajustes internos. La historia nos muestra que las instituciones precursoras tanto de Carabineros como de la PDI siempre han demostrado capacidad de adaptación a las cambiantes expresiones del crimen a lo largo de los siglos. Desde los «Dragones de la Reina» hasta la «Policía Fiscal», ha prevalecido una inclinación hacia el cambio y la eficacia en respuesta a fenómenos delictivos en constante mutación.
Debemos confiar en la capacidad de adaptación de las policías en lugar de depender en exceso de líderes que promueven soluciones simplistas y populistas a través de los medios de comunicación. Además, es importante cuestionar si las herramientas y el mandato con los que cuentan ambas instituciones les permiten adaptarse a las formas contemporáneas del delito en Chile, que cada vez son más violentas y en algunos casos importadas de otras latitudes, como el sicariato, el secuestro y la extorsión.
Otra pregunta clave es si la supuesta «modernización» de las policías impulsada por el gobierno anterior tuvo consecuencias reales. Aunque se promulgó la Ley Nº 21.427, que busca modernizar la gestión y fortalecer la probidad, esta ley trató a Carabineros y a la PDI como instituciones idénticas, sin tener en cuenta sus diferencias en tamaño, momentos y condiciones de actuación. Además, es importante destacar la necesidad de una formación y reentrenamiento policial adecuados, algo que a menudo se pasa por alto. En el presupuesto de Carabineros para 2023, solo el 6,7% está destinado a las áreas formativas, lo cual es insuficiente.
En otros países, en momentos críticos, se han creado unidades policiales especiales con funciones potenciadas y desarrollo táctico particular. En Chile, se plantea la posibilidad de establecer una tercera policía más pequeña y especializada, que complemente a Carabineros y la PDI. Esta nueva fuerza policial podría actuar como un complemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros o de las Brigadas de Reacción Táctica de la PDI, unidades altamente capacitadas y especializadas.
Es importante considerar experiencias internacionales, como la Guardia Civil española, que ha desempeñado roles de seguridad pública en situaciones límite. En el caso chileno, este nuevo cuerpo policial debería ser menos extenso y tener un entrenamiento diferenciado. Sin embargo, antes de tomar decisiones, es necesario abrir un diálogo sensato y con visión de futuro entre el gobierno y la oposición para abordar las atribuciones, déficits y desafíos de nuestras fuerzas policiales.
La actual administración, que ha priorizado la entrega de recursos e indumentaria a Carabineros, debe también considerar las reformas estructurales necesarias en las ramas policiales. Por su parte, la oposición debe abandonar el populismo y sentarse a discutir de manera sensata para frenar el delito y enfrentar los desafíos históricos y territoriales de Chile.
Solo a través de este enfoque podremos lograr una verdadera actualización y fortalecimiento de Carabineros y la PDI, y quizás, en el futuro, considerar la creación de una tercera fuerza policial que complemente y apoye a las existentes, evitando así depender en exceso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana.
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